Editorial
Frente a la campaña que hicieron los ecologistas bajo el lema “no a las papeleras” aclaré más de una vez que la planta instalada en Fray Bentos no era papelera sino que producía pasta celulósica. También aclaré que la industria celulósica no es la más contaminante y que sus efectos nocivos pueden y deben neutralizarse.
Mas allá del hecho concreto se realizó una corriente de opinión contraria a la industria. Los ecologistas sembraron confusión cuando hubiera sido más importante que se constituyeran como un contra-poder positivo y constructivo, planteando inquietudes fundamentadas, debidamente investigadas y documentadas. Lamentablemente no fue así.
Se presentaron con ideas preconcebidas y superficiales que circularon en los medios de comunicación masivos, contaminando una discusión difícil. La información que circulaba era alarmista y muchas veces incompleta o deformada. Consignas anti industriales carentes de seriedad se volcaron en una propaganda que confundió al pueblo y cerró en nuestro país las posibilidades de crecimiento industrial en general y de la actividad papelera en particular. La confusión fue aprovechada por los funcionarios provinciales y nacionales que ocultaron con ella la frustración industrial de nuestro país.
Se hizo mucho daño a la imagen exterior del país y se desalentó la inversión industrial en general. Nosotros reconocemos que somos parciales en la defensa de la industria papelera. No puede ser de otro modo porque trabajamos en ella y aunque reconocemos las falencias actuales, también conocemos su potencial y sus fuerzas.
Sabemos de las deficiencias actuales de la industria papelera. Tenemos integrada convencionalmente a la organización de los trabajadores papeleros en el seguimiento de la higiene y seguridad dentro de los establecimientos. A diario nuestros sindicatos reclaman la corrección de procedimientos industriales y la adquisición de equipamientos.
Es difícil la tarea de apoyar a una industria discutida como lo es la papelera. A los opositores les basta con hacer una crítica genérica. Por eso resulta vano hacer una enumeración de las empresas que mejoran, porque con un Estado ausente no alcanzan los constantes esfuerzos privados de investigación y desarrollo orientados a mejorar el aprovechamiento de las materias primas, la reducción del consumo de energía y la protección del medio ambiente.
La industria papelera es pionera en el desarrollo del país, y es una actividad testigo de la frustración nacional. En 1974 se hicieron planes para llegar al año 2000 con dos millones de toneladas/año. En esa época, Brasil con una producción similar se propuso los mismos objetivos. En nuestro país sólo se construyeron los establecimientos Papel Misionero S.A. (actualmente del grupo Zucamor S.A.) Papel Tucumán S.A. (hoy Papelera Tucumán S.A.), Alto Paraná S.A. (actualmente del grupo Arauco), Papel Prensa S.A. (hoy de los diarios La Nación y Clarín con participación del Estado Nacional), todas ellas se sumaron a las existentes y llevaron la producción a poco más de un millón doscientos mil toneladas/año. Varios proyectos quedaron en el camino. Recién en la década del noventa se produjeron algunas inversiones extranjeras, la mayoría de ellas solo fueron cambio de mano y sólo se agregaron el nuevo establecimiento de Papelera del Plata S.A. y el de Papelera Samseng S.A. Bienvenidas las inversiones provengan de donde provinieren.
Brasil ya está en los trece millones/año y Uruguay en la actualidad elabora más pasta celulósica que todos los establecimientos de nuestro país. En Brasil, Chile y Uruguay la industria de la celulosa y papel es muy importante en la motorización del crecimiento general de la producción manufacturera, en Argentina queda ubicada entre las que menos aporta. Algo pasó para que ello resultara así. Nuestro país carece de capitales y tecnología por eso coexisten en algunas fábricas máquinas antiguas con nuevas.
Para quienes trabajamos en la industria, la justificación de los proyectos está restringida a un espacio técnico-económico. Pero sabemos que además hace falta el consenso del modelo industrial para el país que queremos. Ese consenso debe surgir de la política para que el Estado sancione las leyes y los organismos que las hagan respetar. El mundo cambia y la industria tiene que adaptarse a ellos tanto como se adapta a los mercados.
Los gobiernos que se sucedieron en nuestro país no han diseñado una política industrial. El Estado debe abandonar su pasividad y generar políticas en las que se fijen prioridades, se dé seguridad jurídica, y se dejen de lado requisitos burocráticos que desalientan la inversión y hacen fracasar los proyectos o producen el cierre de las fábricas. Se debe instalar una discusión inteligente y comprometer el cuidado y protección del entorno, generando las mejores condiciones para la instalación de los proyectos, posibilitando la generación de empresas que aporten a la producción y el empleo. Es necesario sumar tecnologías y poner los conocimientos con la responsabilidad de cuidar el medio-ambiente.
Es necesario que asumamos la imagen que tenemos en los centros de inversión.
Debemos mejorar la calidad institucional. La reciente visita de un representante de EE.UU. ha expresado la visión que tienen las empresas inversoras. Se debe abandonar el discurso demagógico y reconocer nuestros propios errores. A partir de ello podremos emprender el camino de la recuperación de la confiabilidad en los méritos que también tenemos y el propio gobierno. Los trabajadores defendemos la estabilidad y la gobernabilidad de la Nación en su conjunto y estamos dispuestos a trabajar por la grandeza de la patria.
Blas Juan Alari
Secretario General
Más de una vez recordamos que las contribuciones que hacemos los trabajadores al sistema de seguridad social son salarios diferidos destinados a la cobertura social que esperamos percibir en el futuro. Sin embargo, cuando vemos los haberes que cobran los pensionados y jubilados tomamos conciencia que de ningún modo cubrirán nuestras necesidades.
La administración del sistema que hace el Estado es arbitrario y no hay seguridad jurídica y además muchas veces contraviene los límites. El sistema tiene reglas que no se cumplen y perjudican a los trabajadores pasivos.
Miles de juicios tramitan en la justicia con reclamos de incumplimientos. A la edad en que el tiempo es efímero se soportan largos tiempos judiciales que hacen ilusoria la justicia que nunca llegará a tiempo. La justicia tardía no es justicia, más cuando llega después de la muerte del que debió ser beneficiario de un derecho constitucional que contribuyó con su propio salario e integra su patrimonio.
Se ha cargado en el sistema una gran enorme cantidad de beneficiarios que bajo la denominación de jubilados encubre un sistema de subsidios para quienes no cumplen con los requisitos de aportes. Esto ha distorsionado el sistema. El Estado no regala nada. El dinero es de los trabajadores que contribuyen con su propio salario al sostenimiento del sistema. Sin embargo, el Gobierno toma decisiones sobre el gasto y el destino de los recursos que administra. El sistema soporta el elevado costo de la burocracia sobredimensionada que caga toda la administración pública. En ANSeS, un ordenanza gana más que un operario industrial de una empresa privada. Como si esto fuera poco, antes de las elecciones del 28 de junio sorprendió a los beneficiarios del sistema una carta recibida en su domicilio, con membrete oficial y firma del entonces director ejecutivo y hoy Ministro de Economía, Amado Boudou, en la que daba "tranquilidad" a los "queridos mayores" y pedía que "no volvamos atrás" para que "no repitamos los errores" y evitar "un congelamiento, baja de jubilaciones y cada vez menos jubilados" como parte de la campaña electoral del Frente para la Victoria.
Recientemente, mediante el gerente de Asuntos Especiales, Luis Macagno Fernández, la ANSeS informó que "el costo total de la difusión de las citadas misivas fue de $ 14.010.064" y que "el total de los destinatorios de la carta mencionada fue de 5.409.291" jubilados, a un costo promedio por unidad de $ 2,59.
Las prestaciones han perdido podes adquisitivo y ahora, siendo un sistema de reparto que debe ir directamente a los beneficiarios, se dedican a la adjudicación de créditos promocionales otorgados arbitrariamente a empresas privadas y a solventar los déficit del Estado. Mientras, los jubilados y pensionados esperan una distribución que no llega.
Francisco Romero
Tesorero
La incapacidad política de los gobernantes dividió a dos ciudades hermanas y enfrentó a los pueblos en una estéril reivindicación que sólo muestra nuestra propia frustración. Al cumplir 3 años de corte del paso a Uruguay por el Puente General San Martín que une Gualeguaychú - Fray Bentos sólo quedan unos pocos autoconvocados que esperan que les digan que todo terminó.
Argentina necesita inversiones para desarrollar su industria, pero la ausencia de políticas duraderas hace que no seamos un país confiable. Muchas veces, hemos criticado la ineficacia de las medidas que se toman sin el debido respaldo técnico. Ya han pasado tres años y pese a la judicialización del conflicto, sus efectos siguen. Seguramente la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al dar su veredicto, considere el hecho consumado de que el establecimiento está en producción.
El pasado queda atrás por el inevitable paso del tiempo y en algún momento se analizará la responsabilidad de quienes no supieron traer al país una inversión tan importante como la que hizo Botnia en Uruguay y que además, se nos responda: ¿Cuál fue el motivo del rechazo? ¿Por qué se dió tardía incidencia a la opinión pública de la región? ¿Por qué no se tomaron las medidas diplomáticas disponibles en su oportunidad? ¿Cómo resolveremos el déficit de producción de pasta celulósica en nuestro país?
Todos opinaron y a nuestra Federación no la consultaron. Nosotros sabemos un poco más que otros sobre las condiciones de contaminación y la forma de neutralizarla. Sin embargo, se confundió todo, se denunció como industria papelera lo que era producción de pasta. Se estigmatizó nuestra actividad industrial y no dejó lugar ni siquiera a establecimientos de manufacturas de papel o cartón. Las consignas anti industriales que se dijeron tienen su precio y deberemos pagarlo todos los argentinos.
Muchos no se han detenido a pensar que la pasta celulósica es un insumo agroindustrial y que nuestro país tiene ventajas relativas respecto a otros, tales como: la variedad de su clima, la amplitud de su territorio y el consumo local. Cuando hablamos de la industria papelera no sólo nos referimos a fabricación de papel sino a la manufactura de embalajes que posibilitan el tránsito de artículos de otras industrias, fundamentalmente de la alimentación, de textiles e indumentaria, metalúrgicas, vinos y licores, cereales, cerámica y tantas otras que se producen en el país.
En nuestro país se subestima la inversión y así pasó Botnia a Uruguay. La contrucción de la fábrica de celulosa de Botnia, empresa asociada de UPM, se inició en noviembre de 2007, con una inversión total de 1200 millones de dólares. Tiene una capacidad anual de un millón cien mil toneladas de celulosa de eucalipto, para lo que utiliza 3,5 millones de metros cúbicos de madera. La fábrica emplea en forma directa aproximadamente 200 personas a las que hay que agregar los que desempeñan en las empresas contratadas. El 8 de diciembre pasado se realizó una transacción entre Metslitto Cooperativa y Botnia con UPM, a la que transfirieron las cuotas de capital del establecimiento y de la empresa Forestal Oriental que cuenta además con un vivero, que produce anualmente unos 15 millones de eucaliptus. Lo realmente importante es la producción que se utiliza como materia prima en la fabricación de papel.
Es necesario que tengamos conciencia que el desarrollo del país debe ser coherente y sustentable en sus propias capacidades. Cuando se active la economía nacional, no alcanzará el papel para los embalajes. Nuestra producción de papel estará limitada por la disponibilidad de pasta celulósica. Los requerimientos de inversión para instalar estas plantas con tecnología adecuada para neutralizar la contaminación son enormes. Si se puede llegar a conseguir inversión para la instalación de fábricas de papel, se deberá importar pasta celulósica. La actitud imprudente de activistas y funcionarios nos condena al desempleo y a la importación de productos y exportación de materias primas. Ya ha llegado de Fray Bentos el primer embarque de pasta celulósica producida en Botnia. Se trata de un pedido de 500 toneladas que llegó al puerto de San Pedro, en el barco "Nobleza", para proveer a la empresa Celupaper S.A. de la provincia de Buenos Aires. El hecho marca el inicio de una serie de negocios en la región, según se anunció desde UPM, la nueva propietaria de Botnia en Uruguay.
La Dirección
Jubilados
¡Cuánto cansancio… cuanto asco y desesperanza provoca ver como las autoridades siguen utilizando el magro haber de nuestros jubilados y pensionados para subsidiar a empresarios a los cuales, si algo les falta, es Dignidad!
¿Alguien tiene dudas que nuestros mayores son indigentes, excluidos y – encima –estafados?
Alguien debería dar cuenta de tanta desidia, y si no lo hacen, deberemos salir a defenderlos las organizaciones, porque no debemos olvidar que los trabajadores se dividen en activos y pasivos, y nosotros tenemos la obligación insoslayable de luchar por todos.
Con Haberes Miserables y Salud Destruida
Hoy pareciera ser que poco más de $800 mensuales, alcanzan y sobran para que un argentino sobreviva, cuando hasta las mismas mediciones oficiales marcan (aunque de forma mentirosa) que la canasta familiar ronda los $1.250. Ni que hablar de los fondos que el Estado capturó cuando se anuló el sistema de la Administración Federal de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)… ¿Alguien sabe a ciencia cierta cuál es el destino de esos fondos? ¿Les pertenecen a los pasivos? ¿Quién escucho una explicación sensata al respecto?
Pero, como si todo esto fuera poco, ya nadie sabe el sistema de salud argentino está absolutamente colapsado, ergo: ¿Será buen negocio un jubilado muerto? ¿dejará de ser un "gasto inútil"?
Como todos los compañeros papeleros saben perfectamente, jamás hemos dejado de ocuparnos de nuestros mayores; tal vez es porque nosotros somos conscientes de que en algún momento llegaremos a serlo, mientras gran parte de los funcionarios del área piensan que la tercera edad es un "invento de Dios para los otros…"
Cuando se den cuenta de su error, seguramente ya será tarde, demasiado tarde.
Carlos Omar Lamarque
Secretario de Acción Social
Actualidad
Como en las viejas películas del Far West, en las que la "fiebre del oro" empujaba a millares de individuos hacia el sueño de la rápida fortuna, Argentina ha devenido el nuevo El Dorado, aunque esta vez como coto exclusivo de grandes empresas multinacionales. El oro de la cordillera y pre-cordillera desató una carrera entre las grandes corporaciones extranjeras y fijó en el país la nueva frontera minera. Espectacular crecimiento de un sector que cuenta con inmensas ventajas, apoyo internacional y la menor injerencia posible del Estado y la sociedad civil.
Argentina se transformó en un país de importancia en la minería mundial en 1997, cuando la mina Bajo la Alumbrera entró en actividad en la provincia de Catamarca. Hasta entonces, la minería consistía esencialmente en la explotación tradicional de minas subterráneas enfocadas en los minerales usados para la construcción y la industria. El panorama actual no podría ser más diferente: gigantescas minas a cielo abierto van tomando cuerpo en todo el país, mientras cientos de proyectos esperan ser aprobados por la Secretaría de Minería de la Nación. El crecimiento del sector es tal que en el último año las inversiones aumentaron un 56,6% respecto de 2005. Por su parte, el crecimiento de las inversiones acumuladas en el período 2003-2006 supera el 490%.
Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) durante la década de los '90 América Latina se convirtió en el principal destino de las inversiones en minería aurífera del mundo y Argentina, a su vez, en uno de sus principales receptores. La Secretaría de Minería argentina estima que el crecimiento acumulado de proyectos para el período 2003-2006 se sitúa por encima del 800%. Esas inversiones, como la mayoría de los proyectos, están dirigidos a la extracción de oro y, en menor medida, de plata, cobre y metales estratégicos de muy alto valor utilizados en la industria aeroespacial de los países desarrollados. A diferencia de las de la minería tradicional, éstas explotaciones constituyen casi exclusivamente minas a cielo abierto que utilizan el método de lixiviación en pilas con soluciones de cianuro en procesos altamente contaminantes que plantean el riesgo de catástrofes ambientales si no son rigurosamente controlados.
Negocio Fabuloso
Resulta ilustrativo que la aduana no haya tenido durante casi una década, desde la entrada en vigencia de las leyes 24.196 y 24.224, un simple laboratorio para determinar la cantidad de minerales que eran efectivamente sacados del país, remitiéndose para esto a una declaración presentada por las empresas mismas preparadas en laboratorios extranjeros.
La minería se encuentra protegida por una legislación tan favorable al interés de unas pocas empresas, que no puede ser explicada racionalmente desde un punto de vista económico. Las empresas mineras cuentan, entre otras ventajas, con estabilidad fiscal por treinta años, lo que implica que no podrán ver afectada su carga tributaria o arancelaria, ni disminuir sus beneficios, ni ver modificado su régimen cambiario, pudiendo, además, deducir del cálculo del impuesto a prospección, exploración, estudios especiales, plantas piloto e investigación. Asimismo, las inversiones en infraestructura también pueden ser amortizadas del impuesto a las ganancias, y en virtud de la Ley 24.228 sobre Acuerdo Federal Minero, las provincias y el Estado Nacional acordaron eliminar todo gravamen y tasa municipal e impuesto a los sellos. Además, las empresas están exentas de aranceles y tasas aduaneras, por lo que no pagan derechos de importación o de todo otro gravamen, derecho o tasa de estadística por la importación de bienes de capital, equipos o insumos. También están exentas del impuesto al cheque y a los combustibles, se encuentran especialmente favorecidas por la exención de retenciones a las exportaciones y por el trato diferencial.
Mártires Cubilla
Secretario de Medio Ambiente
Inseguridad
Esta extraña y perjudicial mezcla que –desde hace ya muchos años- se ha instalado en nuestro país, ha terminado por convertirse en un coctel explosivo, que se lleva de miles de vida por año.
La exclusión del sistema les hace sentir, principalmente a jóvenes, que es muy poco lo que diferencia la vida de la muerte. La droga –por su parte- potencia esta malsana idea y la ausencia, por complicidad o ignorancia, del estado, le pone un broche de muerte a este maldito combo que nos vuelve a convertir en tierra de violencia, desaliento y desesperanza.
No es Prioridad Para las Autoridades
Ya no hace falta destacar que –salvo honrosas excepciones- la seguridad no figura en la agenda de los políticos argentinos: Todos están peleando, casi impúdicamente, por hablar de la reforma política, sacar ventajas los unos a los otros a la hora de concurrir a las urnas. Todo pareciera indicar que solo tienen oídos para con sus propias ambiciones en cuanto a espacios políticos se refiere.
Mientras tanto, el pueblo del país, sin distinción de ninguna especie; de norte a sur y de este a oeste, sigue esperando que un ataque de dignidad se incorpore en nuestros representantes, y que lo hagan con la premura del caso, porque cada hora que pasa es a nosotros a quienes nos asesinan impunemente.
Nadie Planifica Nada
Pero no sería ocioso marcar algunos claros signos de porque pasa lo que pasa: En primer lugar, y por desconfianzas derivadas de las mentiras del INDEC, la falta de planificación en cuanto a la federalización de inversiones se refriere y la carencia de Programas de crecimiento económico de mediano y largo alcance, para que los potenciales inversores sepan certeramente a qué atenerse; sucede precisamente lo que está ocurriendo: Los inversores buscan otros horizontes y se alejan del país.
Por otro lado, y a propósito de la no planificación en cuanto a los sitios de potenciales inversiones, hay asistimos a dos fenómenos paralelos que son por demás alarmantes: mientras vemos familias enteras que, aun a riesgo de perder bienestar económico emigran, tanto de la ciudad como de la provincia emigran, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires en búsqueda de una vida más tranquila, mientras que simultáneamente, y reconociendo la misma raíz, nuestros compatriotas del interior de la República, al no tener conchabo ni dinero para sostener las necesidades básicas para la subsistencia de sus núcleos familiares, se apilan en asentamientos que inundan las dos ciudades y tratan de ganarse la vida en lugares donde casi tratan de ganarse la vida en lugares donde casi siempre suelen ser esclavizados y –droga de por medio- se dedican a delinquir, porque, como ya lo dijéramos, anteriormente en una vida tan desesperanzadora y la muerte, no alcanzan a visualizar la diferencia.
Resumiendo entonces –y aunque seguiremos ocupándonos del tema- a los que nos conducen nos devuelven la seguridad o lo único seguro será la muerte.
Papelito
"Lo peor de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena."
Mahatma Gandi
El 9 de diciembre se celebra el día de la corrupción instituído por las Naciones Unidas para advertir a la humanidad sobre las consecuencias que esta tiene sobre la vida de la comunidad.
Cuando se manejan fondos comunes o públicos, la administración debe presentar una transparencia que cree la confiabilidad de los contribuyentes.
En nuestro país existe una complicidad implícita con el patrocinio del estado, fácilmente detectable con sólo ver como viven ciertos funcionarios y más aún cuando acumulan patrimonios que no se pueden justificar con los ingresos que tienen.
Durante el gobierno de Arturo Illia, se sancionó la norma penal que castiga el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Los imputados deben probar que el origen del patrimonio no es ilícito. En 1999, en Congreso de la Nación bajó el plazo de prescripción a dos de haber cesado en el desempeño del cargo. En la actualidad, la investigación de los ilícitos está en manos de la Oficina Anticorrupción, a cargo del Fiscal de Control Administrativo, Dr. Julio Vitobello, que integra el gabinete del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La oficina está dividida en dos Direcciones, una sobre investigación y la otra sobre Planificación de Políticas de Transparencia.
Esta oficina es la encargada de llevar el seguimiento de los actos ilícitos en el Estado nacional y hacer la denuncia judicial.